Por: Alexis Bolivar
Cuando se habla de violencia contra la mujer, a menudo, se nos viene a la mente el maltrato físico, psicológico y sexual, pero en realidad la violencia contra las mujeres tiene muchas aristas que no hay que desestimar. Cuando se priva de la soberanía económica a una mujer tiende a depender de alguien que genera algún ingreso, normalmente de su cónyuge. Esta dependencia inhibe la capacidad de renunciar a una relación cuando se torna tóxica e incrementa las posibilidades de padecer de violencia doméstica.
Según el artículo 15 de la ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia: “se considera violencia patrimonial y económica toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente, en los ámbitos público y privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades; limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para vivir”.
Según el Banco Mundial, la probabilidad de que una mujer sea maltratada aumenta a medida de su dependencia económica, el informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2016” señala que las mujeres con mayor estabilidad económica tienen menos de riesgo de sufrir violencia que aquellas que son más dependientes. Ahora bien, para la erradicación de este tipo de violencia es necesario invertir en el empoderamiento económico de las mujeres, debido a que influye directamente en su independencia y en su estabilidad económica y emocional.
Las mujeres son el pilar fundamental para la generación de riqueza de un país y la mayoría de ellas ejercen el manejo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, pero lamentablemente no es remunerada. Con una política muy bien pensada, la minería digital podría ser una alternativa segura para las mujeres recibir ingresos pasivos.
En Venezuela es posible realizar granjas mineras o centros de datos en zonas comunales que se encarguen de la minería digital y la distribución de las ganancias a las mujeres integrantes de esas comunidades, el país cuenta con las condiciones para fomentar este tipo de políticas. Por un lado se tiene una de las tarifas más baja del sector eléctrico en América Latina, (datos ofrecidos por la CEPAL) y por otro, se ha iniciado el proceso de instalación de la tecnología 5G que podría alcanzar velocidades máximas de 10 GB por segundo, 10×100 más rápido que lo que se puede obtener con la red 4G, ambas imprescindible para una buen desarrollo en la minería digital.