Por Luis R. Delgado J.
La laicidad es uno de los avances civilizatorios más importantes de la modernidad, ya que permitió separar los asuntos políticos de los asuntos religiosos, permitió superar toda forma de orden teocrático y confesional, dejando la religión como asunto privado de las personas, y en todo caso un asunto de las iglesias en tanto instituciones particulares.
A diferencia de lo que se piensa comúnmente, el Estado laico no es un Estado ateo o enemigo de las religiones, el Estado laico es por el contrario el garante de la libertad de pensamiento, en tanto cada persona tiene el derecho de tener la creencia religiosa que prefiera, y si no cree en nada también está en su derecho. Por lo tanto, la laicidad garantiza la libertad de religión, cada uno puede ser católico o protestante, judío o musulmán, espiritista o budista, ateo o politeísta y el Estado no interfiere en eso.
En este sentido, que un Estado sea laico no quiere decir que sus funcionarios y funcionarias sean de elección popular o de carrera, no tengan una creencia religiosa. La laicidad permite que los funcionarios y funcionarias practiquen la religión que quieran, porque al fin al cabo, la religión es un asunto individual. Lo que si no permite un Estado laico, es que sus instituciones se utilicen a favor de creencias religiosas particulares en perjuicio de otras creencias que existan en la sociedad. De esta forma si un funcionario o funcionaria es evangélico o católico, no debe usar su investidura para impulsar su creencia religiosa, ya que ellos o ellas en tanto personas de Estado, deben representar los intereses de todo el conjunto de la sociedad. Aun cuando esto sea un mero ideal, es el deber ser de una sociedad que se precie de ser moderna y democrática.
En la actualidad, uno de los debates políticos que más requieren un enfoque laico del Estado es el debate de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres y la sexo-diversidad. La sexualidad y la reproducción, al igual que la religión, deben entenderse como asuntos privados en tanto no afecten a terceros, así como cada uno tiene la religión que quiera, cada uno debe experimentar su sexualidad como desee mientras no afecte a sujetos vulnerables (niñas, niños y adolescentes, etc.). Como dicen en la calle, cada uno hace con su cuerpo lo que quiera, mientras no se dañe a nadie.
Hoy resulta lamentable y atrasadísimo seguir viendo como se posterga el libre disfrute a la sexualidad a mujeres y a sectores de la diversidad sexual, porque prevalecen mentalidades religiosas que, en vez de asumirse como criterios individuales, pretenden imponerse como voluntad de Estado.
De igual manera, debe señalarse que los derechos civiles y patrimoniales que da una unión civil estable o un matrimonio civil no pueden seguir negándose a los sectores de la sociedad que no son ni serán heterosexuales. Si determinada religión no quiere casar a los homosexuales, están en su derecho porque al final son una institución particular de libre afiliación, pero, así como no se le puede imponer al Vaticano o a otra jerarquía eclesiástica que modifiquen sus sagrados sacramentos, las instituciones religiosas no pueden imponerle a los Estados que representan a todo el conjunto de su ciudadanía, que no establezcan acciones para el reconocimiento de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.
Con el tema del aborto, también sucede esto, garantizar el derecho a la interrupción del embarazo, que parte del derecho a la planificación familiar, no significa que el Estado va a obligar a las mujeres a abortar. Un Estado laico, así como no obliga a nadie a abortar, no obliga a nadie a parir, eso es una decisión que le compete en primer lugar a las mujeres como lo ha reconocido el avance de sus derechos humanos en el último siglo. La interrupción voluntaria del embarazo es un eslabón más en la cadena de políticas públicas (Educación sexual, distribución de métodos anticonceptivos, etc.) que un Estado debe garantizar en función de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres. La laicidad no promociona el aborto, lo que facilita es que si una mujer por su creencia religiosa su conciencia le dicta que debe reproducirse y multiplicarse tiene el derecho a parir en las mejores condiciones los hijos e hijas que desee tener, pero si otra mujer por diversas circunstancias decide que no puede en ese momento ser madre, también debe tener el derecho de interrumpir en las mejores condiciones ese embarazo no deseado.
Hoy cuando en el continente avanza la agenda anti-derechos desde las derechas y desde algunas izquierdas, es fundamental no olvidar al Estado laico, su importancia, su papel progresivo para trascender la enorme carga opresiva que representaba el poder religioso sobre las sociedades.
Una cosa es que los Estados ayuden a mantener las infraestructuras de las iglesias en tanto son espacios públicos, y otra cosa es subordinarse a las agendas ideológicas de las religiones.
La Edad Media al menos en esta parte del planeta terminó hace muchos años, no es momento de revivirla.
Para profundizar en este debate recomendamos la lectura de “Estado laico, sociedad laica. Un debate pendiente” de Ana Güezmes, disponible en la página de CLADEM: Accede aquí.