El Feminicidio y la Delincuencia Organizada

Por: Vivas Nos Queremos Venezuela
En las últimas semanas, tres feminicidios han conmovido fuertemente la sociedad venezolana, no sólo por la manera que se difunden videos en vivo sino por la forma en la cual el cuerpo de las mujeres es fragmentado y expuesto en lugares públicos.
Estas muertes públicas por parte de la delincuencia organizada, atribuida y alardeada por los mismos victimarios, nos convoca a tratar de comprender no la inhumanidad que habita a esos seres, sino ¿por qué infunden y presumen su crueldad a través del cuerpo femenino?
Por otra parte, quienes reproducen y difunden los videos por redes sociales, ¿cuál es su propósito más allá de un simple y vergonzoso amarillismo? ¿Pensarán que estas imágenes y el cuerpo revictimizado de una mujer circulando por todas las redes genera sensibilidad?
Si bien en Venezuela en el año 2020, prevalecen los femicidios de carácter íntimo y familiares, -el 57% los victimarios son parejas, exparejas, novios, ex novios, conocidos y familiares- la delincuencia organizada ejecutó 37 feminicidios de un total de 270, lo que representa el 13% de ellos .
Para analizar los feminicidios ejecutados por la delincuencia organizada y teniendo en cuenta el contexto de Venezuela, tomamos como referente la categoría de Rita Segado, de la pedagogía de la crueldad para la forma en que a través de redes sociales y medios de comunicación se envía un mensaje aleccionador para las mujeres que son consideradas por los hombres en armas como enemigas y un desecho, así mismo su análisis frente a los cuerpos de las mujeres y el dolor infundido.
“Frente a la crueldad estos signos comunicantes del dolor, estas imágenes visuales se deben leer en una relación dialéctica por quienes los reconocen y los desconocen. Es el cuerpo mediado por el dolor, pero es un cuerpo en dolor que ha sido mediado por el/los asesinos. El dolor es parte de la construcción social del género, pero también es parte de la construcción social del capital y expone al (la) sufriente a la vulnerabilidad de quienes observan su sufrimiento. El cuerpo físico revela los efectos del poder violento y refleja la tensión de la civilización en su conjunto ((Pincikowski, 2002:29, citado por Julia Monárrez, 2006, p 432.), y de sus familiares en particular.
Actualmente existe una recomposición del capital y de las relaciones sociales y de género en el país, con una gran amenaza de la delincuencia organizada en sustitución del Estado y su institucionalidad no solo en la ruralidad sino también en los centros urbanos; en medio de contextos en los que los hombres de estas estructuras desbocan en las mujeres el poder de una masculinidad violenta y armada que se ubica en el lugar más alto de la jerarquía local y le disputa el lugar de poder social a las mujeres que en las comunidades son las redistribuidoras y veedoras de la política social gubernamental y que genera reconocimiento y poder político local, territorializado.
Los hombres en armas hacen parte del sistema patriarcal y están armados, es doble condición y refuerzo del poder patriarcal, desde la llegada del proyecto bolivariano y chavista la mujer venezolana transitó de la esfera privada a la esfera pública y política, por eso no es coincidencia que representen cerca del 80% de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Claps) y Consejos Comunales.
La labor de estas bandas armadas, además del control territorial y económico, se mueve hasta el control político, junto con el avance de iglesias evangélicas en las zonas más empobrecidas, buscan devolver a las mujeres a la esfera privada, dónde son oprimidas y coaccionadas para que asuman un rol sumiso en su esfera personal y político.
Sumado a esto también es de considerar para el análisis que, en territorios controlados por la delincuencia organizada, algunas mujeres están en relación con los hombres armados porque son sus cónyuges, hijos o familiares, o porque están articuladas a alguna actividad económica mediada por ellos. Todas estas relaciones son fuentes de observación para considerar al momento de profundizar los análisis y complejizarlo.
Cómo mujeres, organizaciones y feministas no podemos dejar pasar este asunto tan grave por debajo de la mesa, es deber del Estado venezolano garantizarnos la vida y la libre participación política y es deber de la sociedad indignarse, exigir justicia y no callar frente a estos acontecimientos de crueldad. La desinstitucionalización y su progresiva debilidad representa un riesgo para la vida de las mujeres, en manos de hombres armados, sin reglas ni límites.
Frente a esto queda como reto para el Estado venezolano en fortalecer la institucionalidad y frenar el avance de la delincuencia organizada, reconocer el valor social del trabajo comunitario de las mujeres y protegerlas, no solo animarlas a denunciar, sino cuidarlas. Para las organizaciones de mujeres y pueblo organizado nos queda la movilización y la exigibilidad de justicia sin revictimización de nuestras lideresas.