DECLARACIÓN: Foro de ONGs de Mujeres y Feministas preparatorio de la CSW66

Las representantes de más de 80 redes y organizaciones de mujeres y feministas en toda su diversidad e identidad de género (indígenas, afrodescendientes, de base, rurales y campesinas, migrantes, refugiadas, con discapacidad, trabajadoras sexuales , en situación de prostitución, que viven con VIH, trans, no binaries y no conformes con el género, adultas mayores y viudas, entre otras) de América Latina y el Caribe, reunidas virtualmente, expresamos nuestro saludo a las delegaciones de los países reunidas en la Sesión Especial de Consulta Regional previa de la 66 Sesión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de las Mujeres (CSW 66) para compartir las principales discriminaciones y vulneraciones de derechos, así como las preocupaciones que, desde nuestras organizaciones, consideramos necesario sean enfrentadas y eliminadas para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas sin más demoras.

Estas preocupaciones expresan las voces de miles de mujeres y niñas de la Región; especialmente, las de aquellas que son gravemente ignoradas, marginadas y que sufren diariamente múltiples y variadas formas de discriminación, violencia y vulneración de sus derechos.

La crisis climática y las consiguientes pérdidas y daños afectan de forma desproporcionada a los grupos que hacen frente a la marginalización, especialmente a las niñas y mujeres en todas sus diversidades e identidades de género, y agravan las desigualdades estructurales. Las titulares de derechos mujeres y niñas que pertenecen a las diversidades étnicas y raciales incluida la población afrodescendiente, las diversidades de género incluidas las personas no binarias y no conformes con el género, así como las mujeres y las niñas; las de pueblos indígenas; las migrantes; las personas con discapacidad; las personas que viven en zonas afectadas por conflictos incluidas las situaciones de ocupación y apartheid ; y las personas y comunidades que se enfrentan al empobrecimiento y a la desposesión por el modelo de desarrollo dominante por ejemplo, las pequeñas productoras de alimentos, a menudo experimentan
formas de marginación que se entrecruzan en el contexto de los impactos del cambio climático;
que se desconocen e incluso atacan y ponen en peligro la vida y la salud de la diversidad de mujeres y niñas de base en nuestros países; por esto, merecen una atención específica y respuestas políticas adaptadas a sus necesidades.

Como sostiene la Estrategia Regional de Montevideo, frente al agotamiento del actual estilo de  desarrollo dominante, es necesario transitar hacia patrones de producción y consumo sostenibles que incorporen políticas de redistribución de la riqueza, el ingreso y el tiempo (CEPAL, 2017), que pongan a la diversidad de mujeres y niñas en el centro de las preocupaciones.

Pedimos que las pérdidas y daños causados por la degradación del clima se aborden de forma efectiva y urgente con una perspectiva que ponga en el centro a las niñas y mujeres en toda su  diversidad, poniendo especial atención a las personas con discapacidades, ya que deben ser consideradas y reparadas sistemáticamente. Lo anterior, está considerado como el tercer pilar del derecho y la política climática internacional, incluidos en el Acuerdo de París, y atenderlos es un imperativo de derechos humanos y justicia climática.

Al mismo tiempo, reclamamos que el cuidado del medio ambiente incluya una perspectiva de derechos humanos. Los impactos del cambio climático están provocando pérdidas que socavan gravemente el disfrute de los derechos humanos, como la vida, la seguridad, la alimentación, el agua, la vivienda, la salud, la educación, entre otros. En este sentido, exigimos que atender el cambio climático, no debe ser una excusa que usada para descuidar e incluso atentar contra los derechos de la diversidad de niñas y mujeres o para privatizar la prestación de servicios básicos.

Sumado a lo anterior, denunciamos discriminaciones y violaciones de derechos que han ocurrido reiteradamente y que se evidenciaron con mayor claridad debido a la pandemia de covid19; ahora, decimos que es obligatorio enfrentar esas desigualdades y eliminar las causas estructurales que las sostienen.

En este sentido, urgimos acabar con las modalidades de desarrollo basadas en el extractivismo y la explotación de recursos, que desalojan a las poblaciones de sus territorios y destruyen el medio ambiente. Los gobiernos deben garantizar la redistribución de los beneficios de las actividades extractivistas y deben plantear economías resilientes.

Por otro lado, sabemos que el 2021 estuvo signado por la criminalización, persecución y violencia que incluye el asesinato de muchas mujeres defensoras de derechos humanos vinculados al ambiente. Nuestra región es la más insegura del mundo para la diversidad de mujeres defensoras: 3 de cada 4 ataques ocurrieron en países de América Latina y el Caribe y siete países de la Región concentran el mayor número de ataques ocurridos a nivel global.

En ese sentido y tomando en cuenta lo anterior, hacemos las siguientes solicitudes a los gobiernos:

Reclamamos que se acaben las persecuciones, ataques y muertes, que estas acciones se denuncien y que haya programas para erradicar y sancionar cualquier forma de acoso, persecución y/o criminalización, que se garantice la reparación del daño mediante la compensación económica y que se restablezca la ocupación de los territorios por parte de sus dueños originarios. También, reclamamos que se desarrollen programas integrales de protección de las defensoras del medio ambiente y lideresas comunitarias e indígenas, en especial a aquellas que por su ubicación, identidad o condición social son especialmente vulnerables.

Instamos a los Estados a adoptar la legislación que imponga distintos niveles de responsabilidad a las empresas por el uso de los recursos, también por los daños causados Reclamamos firmen y ratifiquen el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú).

Urgimos la ratificación y cumplimiento del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y atender a los compromisos asumidos en la COP 26 sobre el control de emisiones de carbono, que aprueben y adopten normas o políticas que integren una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad para la atención del cambio climático y la gestión de pérdidas o daños y que refuercen y actualicen los marcos de derechos humanos y rendición de cuentas ante la crisis climática.

Exigimos la garantía de autodeterminación y participación de los pueblos indígenas y que los Estados ratifiquen el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales e implementen la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, y la Declaración del Decenio para los Afro descendientes.

Exhortamos a la priorización de la gestión del conocimiento y las estrategias para la mitigación, adaptación, prevención y reducción de desastres y la resiliencia centrada en el cuidado y la protección de niñas y mujeres que dependen de los recursos naturales para su bienestar y sustento, especialmente en países de mayor riesgo como la zona del Caribe.

También instamos a que desarrollen y financien la capacitación y formación de las mujeres en trabajos resilientes al clima, incluida la seguridad alimentaria y del agua, para una transición a un medio ambiente libre de carbono. Y, finalmente, pedimos que en las escuelas se incluya la educación sobre mitigación de la crisis climática y adaptación para un futuro sostenible, recuperando en dialogo democrático de saberes y prácticas de toda la diversidad de mujeres sin dejar a ninguna atrás.

Pedimos que se desarrolle y facilite el acceso a información sobre cambio climático y desastres y que se genere información desagregada por género, grupo etario y otras variables que permitan la caracterización de toda la diversidad de mujeres, a fin de contar con datos para planificar, implementar y evaluar programas de prevención, mitigación, conservación y reparación adecuados y compartidos con la población afectada. Por otro lado, mencionamos que es necesario que se superen las barreras digitales que niñas y mujeres enfrentan.

Exigimos que se reconozca la contribución de pueblos y mujeres indígenas, mujeres rurales y mujeres campesinas y de organizaciones de base para combatir el cambio climático; que se les brinde apoyo económico y técnico a sus iniciativas incluyendo los espacios de registro y transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales y que se capacite e incluya a las mujeres indígenas en los fondos para la acción del cambio climático, como el Fondo Verde para el Clima, eliminando las barreras lingüísticas, económicas y políticas que dificultan su participación en estos espacios.

Instamos a los Estados a que promuevan políticas de empleo y de contención social para las mujeres que las resguarden de las consecuencias del cambio climático sobre las próximas generaciones a sabiendas que las mujeres son más vulnerables a la precarización. Y al mismo tiempo solicitamos que los Estados diseñen políticas de contención social y empleo para las mujeres que transiten de la economía extractiva a formas económicas más sustentables. Nos referimos a políticas específicas de capacitación, resguardo y empleabilidad.

Pedimos que se implementen programas de reducción de riesgos de desastres que atiendan las amenazas y trabajen para prevenirlas. Es necesario que se capacite a las mujeres y niñas  para la prevención teniendo en cuenta las necesidades especiales de los distintos grupos, por  ejemplo las personas con discapacidad; también pedimos que se profundice en las capacitaciones antes de los desastres climáticos y que frente a ellos, se asegura la provisión de servicios sociales básicos a mujeres, niñas y niños en situación de emergencia y que se preste especial atención a la violencia de género que ocurre en estos contextos, especialmente la violencia sexual. En este sentido, mencionamos que se debe garantizar que los refugios cuenten con los servicios para atender las necesidades básicas de los mismos, incluidos productos de gestión menstrual. Finalmente, pedimos que los residuos se manejen de forma apropiada para evitar que afecten la salud de la población.

Solicitamos que se atiendan y adopten medidas efectivas basadas en derechos humanos de prevención de la violencia género que se asocia a la crisis climática y desastres que afecta la vida, la autonomía y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Es necesario que los gobiernos presten especial atención al matrimonio/unión infantil forzado que se agudiza por el aumento de la pobreza y las migraciones forzadas por razones socioeconómicas, al igual que el abuso sexual en la infancia y la maternidad forzada en niñas.

Demandamos que las mujeres en su diversidad sean priorizadas en la planificación, diseño e implementación de medidas de reconstrucción frente a desastres, haciendo énfasis en la seguridad alimentaria y la resiliencia colectiva, reconociendo los impactos desproporcionados que sufren las mujeres frente a ellos. Es necesario que todos los programas y actividades incluyan la perspectiva de las juventudes, actoras frecuentemente ignoradas.

Reclamamos que se proporcione suficiente financiación para la mitigación y adaptación al cambio climático de las mujeres a través de fondos nuevos adicionales y a largo plazo dedicados a las pérdidas y daños y que privilegien ecosistemas locales, conocimientos indígenas y liderazgo juvenil; es necesario que estos recursos sean transparentes y abiertos a las poblaciones interesadas. También es necesario que se promueva la cancelación de la deuda externa y que se hagan subvenciones en lugar de préstamos y que se exijan las reparaciones del Norte Global como deuda con el Sur Global.

Urgimos a que se trabaje para eliminar las barreras legales que impiden a las mujeres, incluidas las viudas y otras, la propiedad de la tierra, los recursos y la herencia y que se reduzcan los impactos económicos del cambio climático en las niñas y mujeres que más sufren de inseguridad alimentaria e hídrica; y que se suspendan los desalojos de las tierras campesinas y comunitarias que tienen por objetivo avanzar en prácticas económicas extractivistas como el desmonte y la deforestación. El acceso, uso y control de las mujeres sobre la tierra, el agua, y recursos productivos son esenciales para garantizar su derecho a la igualdad y a un nivel de vida adecuado para ellas; estos recursos contribuyen a garantizar que las mujeres puedan satisfacer sus necesidades cotidianas y las de sus familias y comunidades.

24 de enero 2022

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