Del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Por: Maikely Ferrer Rojas

La intensidad y frecuencia en la que se producen agresiones, amenazas, vulnerabilidades  o riesgos sobre las mujeres, niñas y adolescentes es cada vez mayor y alarmante. La pandemia por COVID-19, sus efectos directos y colaterales sobre la psique individual y colectiva está sirviendo de escenario para recrudecer lo que ya viene generándose en los hogares, considerados por la cultura de los pueblos y la opinión pública como el espacio más seguro para resguardarse, irónicamente estos espacios para las mujeres en sus diferentes etapas del ciclo de vida, se han convertido en los lugares menos aptos para el desarrollo de la vida.

Por siglos las mujeres-en su diversidad- a lo largo de su vida han estado sometidas a innumerables formas de violencias sobre sus cuerpos e integridad psíquica. La violencia machista es el instrumento de perpetuación del sistema patriarcal que define y marca la vida de las mujeres, en función de las desigualdades de género.

Lamentablemente el siglo XXI no es diferente en la realidad de las mujeres, persisten todavía prácticas violentas, y ante los nuevos contextos y pretextos, el delito de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes se hace cada vez más cruento, sofisticado y diverso.

La existencia de una ley específica da cuenta de la relevancia social del delito para la sociedad. Sin embargo, los derechos humanos asociados a su violación pueden verse cercenados ante la falta de la debida y diligente actuación de los órganos públicos competentes, y el repudio o la intolerancia social frente a estos delitos. Dicho de otra forma, la denuncia como primer eslabón en la cadena por la obtención de Justicia es pieza fundamental en la concreción de los objetivos supremos para una convivencia social.

Es así como la defensa de la(s) víctima(s) no solamente puede entenderse como un mero acto judicial, sino que se refiere a un conjunto de actuaciones sociales, culturales y por supuesto legales, que atraviesan los límites de lo cabalmente judicial. Y en este aspecto, se han evidenciado deficiencias que conllevan inexcusablemente a la no reparación simbólica, social y material de las víctimas, y por ende, al no establecimiento de responsabilidades, y que se traduce en IMPUNIDAD cuya contracara es la JUSTICIA.

El derecho de las mujeres-en sus diversidades-por una vida libre de violencia machista no es simplemente una consigna, es una petición que debe ser atendida oportuna y corresponsablemente por la sociedad y el Estado.

Es fundamental adecuar las legislaciones a los nuevos contextos. Sin embargo, las adecuaciones siempre deben ser planteadas en función del avance y progresividad de los derechos de las personas destinatarias. La(s) victima(s) también tiene derecho a la tutela judicial efectiva (Art.26 CRBV), y aquí la centralidad del planteamiento de acceder a los órganos de administración de la JUSTICIA para hacer valer la defensa de sus intereses y derechos.

A propósito de la reforma parcial de la LOSDMVLV, es indispensable revisar y contextualizar la violencia que hoy en día se ejerce sobre el cuerpo y la psique de las mujeres, niñas y adolescentes, la forma en que ocurren, el nivel de frecuencia e intensidad, la exposición y factores de riesgo y vulneración, que permita perfeccionar la calificación de los delitos nuevos y actuales, y que se clarifique lo que corresponde resolver a la sede judicial de la sede administrativa, si fuera el caso.

Además es sumamente necesaria la consulta pública de un tema que afecta a la mitad de la población nacional y mundial, ya que son las destinatarias principales de la ley, y sobre ellas, es que se ejercen las más atroces vulneraciones.