Propuestas del Movimiento Feminista a la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia

El Movimiento Feminista asumiendo el llamado de reformar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, inició en octubre de 2018 un conjunto de mesas de trabajo y articulación, construyendo en el mes de noviembre una propuesta entre diversas organizaciones y luchadoras feministas entre las que podemos mencionar:

  • Fundación Género con Clase
  • Defensoras Comunales de Ciudad Tiuna
  • Cosecha Feminista Cimarrón
  • Tetas en Revolución
  • Movimiento Feminista Popular Lydda Franco Farías
  • Plataforma de Mujeres por el Software Libre
  • Movimiento de Mujeres Clara Zetkin
  • Consultora de Género Violeta
  • Colectivo Feminista Comandanta Argelia Laya
  • Colectivo Nuestra Causa
  • Rompiendo la Norma
  • Todas Anzoátegui
  • Cooperativa Apacuanas
  • Aquelarre Caribeño Feminista
  • Plataforma Comunicacional Feminista La Quinta Ola

Juntas  hemos aportado este documento que aspiramos sea tomado en cuenta por la Asamblea Nacional Constituyente, en función de que posee elementos e avanzada que incluyen visibilización y validación del movimiento feminista organizado en la contraloría social de los órganos del sistema de justica a través de las defensoras comunales de los derechos de las mujeres; la creación de una fuerte institucionalidad para la defensa de los derechos humanos de las mujeres que separe la prevención y atención, atribuidas legalmente al Instituto Nacional de la Mujer, de la Defensa, para ser delegada en un Instituto Autónomo de la Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres capaz de desarrollar los elementos técnicos necesarios para garantizar los derechos y la vida de las mujeres; así como la incorporación del feminicidio y la violencia política como nuevos tipos penales.

Nos asiste por un lado, la sensibilidad por erradicar la lacra de la violencia machista de nuestra sociedad, pero también la experiencia de acompañar a víctimas y conocer los principales obstáculos y taras del sistema de justicia, así como las limitaciones de la institucionalidad que tenemos por haber sido parte de la misma. En todo caso el fin último es mejorar, perfeccionar, y garantizar efectivamente el derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación.

Para es ello hay que considerar que la magnitud del problema se ha venido complejizando a la luz de la situación de guerra que atraviesa hoy el país, que tiene componentes económicos, mediáticos, psicológicos y de violencia paramilitar. Esta última, ha sido además una expresión que en el año 2016 cobró la vida de dirigentas populares de base, asesinadas bajo las formas más cruentas de violencia, que exigen revisar el sistema de prevención, atención y defensa de los derechos de las mujeres para adecuarlos a la nueva realidad que ha configurado una paracultura que tiene su base en la pedagogía de la crueldad, fenómeno inoculado como parte de los mecanismos de guerra no convencional que se vienen aplicando en el país.

En este contexto, cualquier abordaje en la materia debe considerar la brújula que en materia de igualdad y equidad de género debe regir las políticas públicas y acciones del estado para transversalizar el enfoque de género y feminista, el Plan para la Igualdad y Equidad de Género “Mamá Rosa” 2013 – 2019, que en su Dimensión Social, Área de Intervención: Atención y prevención de la Violencia de Género, establece como Objetivo 3.6 “Avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus expresiones”.

Por otro lado, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de Violencia es uno de los instrumentos jurídicos más avanzados en materia de garantía de los derechos humanos de las mujeres en el mundo. Se trata de una ley que viene a separar la situación de la mujer desde su especificidad, que había estado históricamente invisibilizada como problemas de la familia, tal como estaba concebido en la Ley sobre la Violencia contra la mujer y la familia de 1998.

A casi 12 años de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos el desafío de evaluar y revisar su efectividad a la luz de la institucionalidad inédita que ha sido creada para seguir robusteciendo las políticas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Filosóficamente esta Ley es base importante en la construcción de un modelo de país con igualdad y justicia social, por ser pionera en el respeto y garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Partimos de asumir que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los Derechos Humanos, y es la principal manifestación del orden patriarcal y machista, por esta razón, su erradicación requiere un proceso continuo y progresivo de despatriarcalización de la sociedad.

La violencia patriarcal es un problema social, de salud pública, convivencia ciudadana y de garantía de derechos que tiene una fuerte carga cultural, cuya máxima expresión es la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia machista es el rostro más anacrónico de una sociedad que reproduce el desprecio a lo femenino producto de la herencia patriarcal de la cultura colonial hegemónica.

La erradicación de la violencia contra las mujeres implica la deconstrucción de una serie de valores y patrones culturales sembrados durante siglos de hegemonía patriarcal. Si la sociedad no hace esfuerzos colectivos por cambiar la subjetividad y la conciencia, difícilmente las instituciones puedan derrotar el flagelo de la violencia machista, por ello la despatriarcalización del Estado y la sociedad es piedra angular para superar este flagelo.

Un aspecto clave a considerar respecto al grado de violencia que sufren las mujeres, especialmente en América Latina, es la preocupante cifra de impunidad de estos delitos, poniendo en evidencia los grados de inercia y o lentitud del aparato de justicia, lo que hace imperiosa la necesidad de tomar medidas especializadas con el objetivo de que estos hechos se castiguen debidamente, se prevenga su comisión y se sancione a los funcionarios/as públicos que por acción u omisión sean responsables de que las víctimas no tengan acceso a la justicia de manera oportuna y sustantiva.

El peso de la cultura patriarcal y machista se sigue expresando en datos preocupantes que limitan el acceso de las mujeres a la justicia de género, y que muchas veces terminan en un femicidio, por ejemplo:

En relación entre denuncias y sentencias condenatorias:

 

Año Denuncias Sentencias condenatorias Porcentaje
2014 51.791 1.119 2,16%
2015 48.753 967 1,98%
2016 97.858 1.277 1,30%

 

Actuaciones del Ministerio Público 2015/2016:

 

  2015 2016
Casos Ingresados 68.261 62.414
Sobreseimientos 66.845 50.372
Archivos 8.840 6.533
Desestimaciones 1.509 801
Acusaciones 11.325 8.547
Imputaciones 23.190 14.863

 

*Fuente: Informe Desde Nosotras 2018: situación de los DDHH de las Mujeres en Venezuela

La violencia contra las mujeres constituye en el mundo entero un problema de salud pública. En el caso venezolano, han sido significativos los avances jurídicos e institucionales. Sin embargo, es necesario ajustar las medidas estatales para consolidar un Sistema de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, y garantizar su acceso oportuno a la Justicia de Género.

Por ello, invitamos a todas las organizaciones y activistas comprometidas con los Derechos Humanos de las Mujeres a sumarnos a un debate nacional que logre magnificar la complejidad de este problema social, y tomar las medidas que nos permitan erradicar la violencia contra las mujeres si aspiramos construir una sociedad cada vez más justa y humanizada.

Descarga aquí la propuesta de Reforma

Rebeca E. Madriz Franco