Desafíos para superar la revictimización de las mujeres en el sistema de justicia

Por: Gisela Jiménez Aranguren

Considerar como elemento fundamental que el incremento de la violación de los derechos humanos de las mujeres responde a la impunidad con que opera la justicia en estos delitos es una verdad indiscutible. Es insuficiente la vigencia de una normativa legal que en la práctica no se aplica y la existencia de una institucionalidad en la que se mantiene la idea que estos hechos punibles no son tales, sino que responden a situaciones privadas que deberían resolverse en el ámbito doméstico.

Estas reflexiones se hacen en el marco del incremento de los delitos de femicidios y feminicidios que han ocurrido en los últimos meses en el país, los que tristemente se han cometido con una crueldad inusitada, mujeres asesinadas después de ser salvajemente torturadas, pudiendo catalogarse de verdaderos crímenes de odio.

Es decir, en esta vulneración de derechos humanos contra las mujeres subyace de manera solapada que se acepta socialmente que el fenómeno de la violencia no es una conducta que deba ser sancionada, lo que mantiene una sensación de inseguridad en las mujeres que impide la actuación de ellas por una persistente desconfianza en el sistema de  administración de justicia. Estas deficiencias se traducen en un mínimo de juicios y sentencias condenatorias que no se corresponden con la prevalencia del problema.

Se ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en la sociedad, lo cual se refleja en la respuesta de funcionarios y funcionarias de la administración de justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los casos.

Persiste la idea de creer que los casos de violencia contra las mujeres son conflictos domésticos que deben ser resueltos en la esfera privada lo que se refleja en las irregularidades y deficiencias en la investigación, juzgamiento y sanción de los casos de violencia contra las mujeres y las actuaciones de funcionarios y funcionarias judiciales. A esto se agrega la inexistente política criminal de prevención del delito por medio de campañas contra la violencia de género y por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Es importante también examinar los obstáculos que impiden la efectiva protección cautelar del Estado ante actos de violencia inminentes a través de casas de abrigo que efectivamente aseguren la integridad de la víctima.  Igualmente, se exponen una serie de trabas que impiden a los órganos receptores recibir la denuncia de actos de violencia, sobre todo, el tratamiento inadecuado y la desestimación que hacen los funcionarios y funcionarias cuando las victimas procuran acceder a instancias judiciales para pedir protección a su vida e integridad física. Existe una limitante que frena la posibilidad de la víctima. Igualmente es necesario analizar una serie de problemas estructurales identificados dentro del sistema de justicia que afectan el procedimiento de los casos de violencia de género.

En relación con las irregularidades que afectan las investigaciones de casos de violencia contra las mujeres, se tiene que durante la investigación de la mayoría de estos casos no se recopilan medios probatorios fundamentales para el esclarecimiento de los hechos.  Por un lado, se ha identificado la ausencia de pruebas físicas, científicas y psicológicas para esclarecerlos, lo cual se traduce en una paralización de los casos por falta de pruebas. Destacamos igualmente la carencia de protocolos que describan la complejidad probatoria de estos casos así como el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada. Otra dificultad que se tiene en las instancias judiciales es llevar datos estadísticos sobre los juicios de violencia contra las mujeres, que tengan cierto grado de credibilidad y con cobertura nacional, y esto se traduce en una invisibilización del problema de la violencia contra las mujeres.

Tenemos que la mayoría de mujeres que asisten a denunciar carecen de orientación y asesoría profesional para cumplir con el procedimiento probatorio y conocer los lapsos legales del proceso. Es por ello que un desafío que se tiene es la creación de un instituto autónomo que funcione como defensoría de los derechos de la mujer con carácter de representación jurídica en el juicio y no sólo de acompañamiento, porque tenemos que el agresor cuenta con una defensa pública y la víctima queda en total estado de indefensión.

Creemos en la necesidad de considerar las pruebas más allá del informe médico-forense de lesiones físicas y la prueba testimonial para poder sustanciar casos de violencia contra las mujeres, sobre todo en los casos de violencia sexual.  Los informes médico-legales en general se limitan a constatar las lesiones o huellas físicas, como la determinación de la integridad del himen de la víctima, o los moretones que en una piel oscura no se evidencian o desaparecen rápidamente, lo cual además es sólo una parte del conjunto de pruebas que deben ser promovidas y evacuadas para esclarecer los hechos en casos de violencia sexual.

Por último, es importante señalar que el sistema de justicia no protege la dignidad y la privacidad de las víctimas dentro del proceso de investigación.  Las víctimas llegan a ser revictimizadas por una falta de sensibilidad del funcionariado, ante su situación de víctimas, su sexo y la gravedad de los hechos alegados. La autoridad que recibe la denuncia inicial, generalmente la policía, solicita que la víctima acuda al Instituto de Medicina Legal y a un psicólogo, para que estos pronuncien dictámenes, pero por lo general éstos son descalificados por la estrategia de defensa del agresor, quien por su parte solicita la realización de varios exámenes alternativos, haciendo muy engorrosa esta situación para la víctima.